Lic. Felipe Calderón Hinojosa
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Lic. Eduardo Medina Mora
Procurador General de la República
A la opinión pública:
1) El 15 de septiembre de los corrientes, el Diario de Yucatán publicó una nota que cubre el otorgamiento del arraigo de Daniel Arellano Hernández, Ricardo Pérez Cruz y José Francisco Quijano Quintal, "sospechosos de colaborar con los sicarios que ejecutaron a 12 narcomenudistas el 28 de agosto pasado".
2) Con evidente intención, el vocero de la PGJE (Procuraduría General de Justicia del Estado), Roger Narváez Huchim, comentó al reportero del Diario de Yucatán: "Espero que no quiten ningún nombre". Se le preguntó por qué el interés y respondió: "No, nada más".
3) Según los archivos del Diario de Yucatán el profesor Quijano Quintal –uno de los arraigados– fue fundador de la telesecundaria "Ramón López Velarde", de Poxilá, Umán. Se agrega que "esa escuela funcionó en una casa que prestó Antonio Patrón Laviada, quien también apoyaba la labor educativa con la repartición de libretas a los alumnos" y que además "...recibió [Quijano Quintal] el apoyo del alcalde panista de Umán Gregorio Montero en noviembre de 1996".
4) Es del dominio público que la hacienda Poxilá es propiedad de mi esposa Pilar Cervera Hernández –hija del ex gobernador Víctor Cervera Pacheco– y no de Antonio Patrón Laviada –quien no posee propiedad alguna ni en Poxilá ni en sus inmediaciones. La hacienda es propiedad de la señora Cervera Hernández desde el 30 de abril de 1998, como consta en el Registro Público de la Propiedad. Es de todos sabido que un servidor y mi esposa desde hace muchos años proporcionamos apoyo a diversas actividades sociales, culturales y educativas de la comunidad de Poxilá.
5) La alusión a mi hermano Antonio, al igual que la referencia al ex alcalde panista de Umán, Gregorio Montero, tiene como aparente objetivo la politización de un asunto de investigación criminal, con la extraña omisión del nombre de quien en ese momento era gobernador –Cervera Pacheco. El sistema escolar estatal, del cual depende el arraigado Quijano Quintal, entonces como ahora, está a cargo del Gobierno del Estado representado en su momento por Cervera Pacheco y hoy por Ivonne Ortega Pacheco.
6) La hacienda Poxilá es sede de múltiples eventos que involucran personalidades tales como los seminaristas, Las Hermanas de la Caridad, campamentos de niños diabéticos y niños down, convivencias familiares y escolares, entre otros. Cotidianamente se realizan actividades de capacitación para personas que provienen de comunidades cercanas. Recientemente fueron huéspedes de la hacienda, los padres de la esposa del presidente de la república, Lic. Margarita Zavala Gómez del Campo. Asimismo pasaron una semana en la hacienda la hermana y otros familiares del arzobispo, Carlos Emilio Berlie Balaunzarán. También han acudido prominentes miembros del PRI acompañados de sus familias. Entre ellos: Francisco Labastida Ochoa, Emilio Gamboa Patrón y Eric Rubio Barthel.
7) Solicito a las autoridades federales y estatales que deben conocer del caso que empiecen sus investigaciones en primer lugar con un servidor, siguiendo con mi esposa Pilar Cervera Hernández y mis hijos Alejandro, Arturo y Eduardo. También procediendo con la lógica de la PGJE, la investigación debe incluir a los padres políticos del presidente de la república, al arzobispo de Yucatán, a Emilio Gamboa Patrón –entre otros– y a cualquier otro personaje que haya visitado o viva en las inmediaciones de Poxilá.
8) Me sumo a la petición del vocero oficial de la PGJE: "Espero que no quiten ningún nombre". Por lo tanto deben aparecer en las indagaciones el señor secretario de educación pública del estado, Raúl Godoy Montañez y el de su superior, Ivonne Ortega Pacheco, ambos jefes, en el sistema educativo estatal, del Profesor José Francisco Quijano Quintal.
Sr. Presidente de la República: esta extraña intromisión del gobierno estatal en asuntos del fuero federal requiere de una respuesta. Llama la atención que en este caso, relacionado con los 12 ejecutados y públicamente declarado de competencia federal, sea ahora objeto de esta invasión de competencias, cuando quien debiera estar actuando es el gobierno federal. Esta grave anomalía que afecta a mi persona, a mi familia y a cualquier persona relacionada con mi patrimonio requieren de su enérgica intervención. Quedo a disposición de las autoridades para que se me investigue y, como cualquier ciudadano se me castigue en caso de ser culpable, y, de no ser así, exijo que se me dé una satisfacción pública.
No es ocioso declarar lo siguiente: por el hecho de que la PGJE pretende de esta manera involucrarme en asuntos de índole criminal, hago responsable a la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco y al secretario de seguridad pública, Luis Felipe Saidén Ojeda de la seguridad de mis hijos, de mi esposa, de un servidor y de los empleados de Poxilá o propiedades y bienes de mi familia.
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